Las organizaciones del sector social y solidario ¿Deben ser certificadas por el Estado?
Con fecha del 6 de septiembre del 2023 la Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, integrante de la Comisión de Economía social y fomento al cooperativismo presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Economía Social y Solidaria reglamentaria del Párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política.
Pretender modificar las leyes que tienen que ver con el sector social en nuestro país, parece una buena idea, pues la ley actual vigente desde 2012 no ha logrado sus objetivos de:
Contrario a este objeto, lo que hemos visto en estos últimos años, es la continua reducción de presupuesto al Instituto de la economía Social y Solidaria (INAES), que le impide apoyar proyectos productivos y realizar acciones de alto impacto para el fomento y promoción del Sector.
Recordemos también, que el INAES es uno de los 17 organismos que de acuerdo al Decreto del presidente de la República del 18 de abril, estaba destinado a desaparecer o bien a convertirse en un Centro Nacional de Economía social, del cual no tenemos idea de su funcionamiento. Esto nos permite ver el desinterés desde el ejecutivo por el fomento de un sector social organizado.
Reconocemos claro, el esfuerzo del personal del INAES y su titular por construir programas de educación y formación y tejer la Red de Nodos de impulso a la economía social y solidaria que permiten integrar en distintos Estados de la república a Organismos de la economía social, Gobiernos y universidades para el impulso al sector, pero aún esta tarea de integración se ha visto limitado por la falta de presupuesto.
La organización e integración del Sector social es una tarea y una necesidad real para el sector, que la LESS y la Ley general de sociedades cooperativas vigentes no permiten consolidar debido a que proponen diseños de integración verticales, como las uniones, federaciones y confederaciones. El Consejo consultivo del INAES que sería otro espacio del sector para impulsar sus programas es integrado por invitación del Director del INAES, lo cual no garantiza la adecuada representación de las muy diversas expresiones de la Economía social y solidaria.
El sector, en su diversidad ha manifestado en múltiples espacios sus preocupaciones y necesidades, desde las más urgentes, hasta sus anhelos y visiones. Queremos rescatar enseguida algunas de las conclusiones del Encuentro Nacional de Economía social y cooperativismo de finales del 2021 para ilustrar el tipo de necesidades manifiestas por el sector:
Se espera que los integrantes de comisiones como la de Economía social y fomento del Cooperativismo escuchen y atiendan a estas necesidades manifiestas por el sector, que les den espacios y construyan junto con ellos las modificaciones o iniciativas necesarias para hacer realidad un derecho cooperativo o de la Economía social y Solidaria.
Lo que hemos visto, en cambio en las dos últimas legislaturas son iniciativas de modificación en 2020 a la Ley General de Sociedades Cooperativas y en 2023 a la Ley de economía social para «Certificar a las cooperativas».
Pues, de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa de la diputada Marcos:
«La certificación siempre brinda confianza y credibilidad a lo que certifica permitiendo ser más fuerte y competitivo en el mercado ya que se considera un valor agregado.
Es importante mencionar que la certificación que proponemos tiene como objetivo el promover el cumplimiento de la ley respecto de la integración y práctica cotidiana de valores y principios de una sociedad cooperativa.
Con esta medida se pretende combatir la constitución, funcionamiento, o el intento de utilizar la denominación de cooperativas sin serlo, con la intención de evadir o disminuir cualquier obligación legal, o con la intención de obtener ventajas indebidas.»
Las modificaciones propuestas son:
Existe una tendencia de evaluar el cumplimiento de los Principios y valores cooperativos con herramientas como el Balance social Cooperativo o la auditoría social, estas son herramientas autoaplicativas que las cooperativas consideran importantes para la evaluación y gestión de mejoras en las organizaciones, en países como Argentina, incluso, existen preferencias en los programas de fomento para las organizaciones que decidan aplicar el Balance social.
La legisladora lejos de proponer que se asigne el presupuesto necesario para el fomento del sector, en consonancia con el propio artículo 25 constitucional y con las exigencias de los organismos, asume que debe quedar atrás el objetivo de impulsar proyectos del INAES para convertirse en un ente certificador.
Desde esta lógica el INAES se convierte en un organismo supervisor más, que juzgará según su interpretación de los principios y valores cooperativos si una cooperativa es auténtica o no. Será el guardián autoproclamado de la identidad de las cooperativas.
Otro aspecto delicado que toca la iniciativa es considerar que la confianza en las organizaciones radicaría en una certificación, cuando la confianza es fruto de la vida cooperativa, de la gestión democrática, de los mecanismos de comunicación establecidos y de los resultados percibidos por sus propios socios.
Consideramos que el tema de la simulación es un tema delicado, pero no parece que este sea el camino para erradicar esa problemática.
Esta iniciativa atenta contra la autonomía y autogestión de las organizaciones cooperativas, al considerar que los mecanismos de autoregulación o rendición de cuentas hacia los socios son insuficientes para el adecuado desarrollo de las cooperativas y que necesitan de la interpretación de la doctrina de un ente que otrora era impulsor de políticas públicas de fomento y ahora se convierte en juez de la pureza cooperativa y en acusador de lo que no considere adecuado.
A esta iniciativa decimos no
Invitamos y exigimos a los legisladores a realizar su función e impulsar un Marco legal adecuado para la Economía Social y Solidaria que de verdad visualice al sector como un actor económico relevante para el desarrollo nacional, que deje atrás su visión paternalista y su tentación de control que solo hacen daño a las organizaciones.
Son necesarias leyes reglamentarias en 27 Estados de la república y es necesario que las mismas tengan asignados presupuestos que permitan el real impulso del sector y que no sean letra muerta como 4 de las hoy vigentes.
Son necesarias políticas públicas de fomento como lo establece el 25 constitucional.
Es necesario reducir las cargas fiscales a las organizaciones reconociendo el aporte que hacen a la comunidad.
Es necesario reconocer e impulsar de manera decidida otras formas de hacer economía y acompañarlos en su fortalecimiento.
No es necesaria una certificación, sin legislación adecuada, sin políticas públicas de fomento, sin espacios de diálogo pemanente, sin beneficios fiscales, sin apoyo en los distintos trámites, sin resolver problemas con diversas instancias de gobierno.