Las cifras existentes indican que en nuestro país más de 7 millones de personas son socios de una cooperativa, ya sea de producción, consumo y ahorro y préstamo.
El artículo 25 de nuestra Constitución Política, establece que las mismas son parte del sector social de la economía, aquel integrado por grupos de trabajadores o personas que se integran para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Pero, ¿son todas estas organizaciones cooperativas verdaderas organizaciones de servicios para sus socios y comunidad? ¿La vivencia de los principios es una práctica común?
Y las cooperativas de Ahorro y préstamo en lo particular: ¿qué tanto han sido capaces de integrar a las personas de la comunidad?, ¿qué tanto se vive la democracia participativa?, ¿qué tanto han logrado impulsar las vocaciones productivas en la diversas regiones de México y América latina?
Algunos creen y asumen que estas preguntas son irrelevantes, dado que el papel de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo es brindar servicios financieros de buena calidad y a bajo costo, y con ello la gente mejorará su propia situación.
Otros creemos que es preciso que las cooperativas hagamos bien nuestro trabajo, lo que significa que brindemos servicios adecuados y de calidad, pero creemos que la labor de la cooperativa no termina ahí. Si una cooperativa de ahorro y crédito no fomenta la democracia, la participación, la ayuda mutua, si no cuida el medio ambiente, si no se preocupa por la comunidad y sus problemáticas, será una simple institución financiera, pero no una cooperativa.
El cooperativismo posee una esencia trasnformadora y en el momento que dejemos de lado esa idea, dejamos de ser cooperativas.
En la actualidad, las Cooperativas de ahorro y crédito tenemos otro desafío, el de los marcos legales y regulaciones exageradas que inhiben la vida cooperativa y nos igualan con organismos financieros internacionales para supervisarnos y sancionarnos.